(cc) Flickr.com/Rodrigo Rivas H

-La Generalitat, es como la municipalidad nuestra, pero con un poco más de rango, sacó esa obligación, única en España y que existía desde 2002. El Gobierno Catalán dijo que en realidad no supuso ninguna práctica sanitaria y que sólo sirvió para que los dueños de los prostíbulos se hicieran más publicidad porque tenían a sus chicas “limpias”.

El decreto de hace ocho años decía que los propietarios debían garantizar que las mujeres estuvieran sujetas a medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial. A pesar de la medida, no se reguló la prostitución española y la actividad continuó en el limbo: no es legal, pero tampoco está absolutamente prohibida. Igual el tema sanitario nunca estuvo muy claro, porque el decreto no especificaba a qué se refería con “control”. Entonces lo que hacían los dueños, los pocos que cumplían con la norma, era someter a las chicas a exámenes de sangre, pero ayer incluso esa regla se quitó.

En ocho años el Departamento de Interior nunca sancionó a los burdeles que no cumplía con lo exigido y por eso dijeron que los cambios no afectarían las condiciones de salud de las prostitutas. Claro, si nunca fiscalizaron, cómo van a decir que esto afectará a las chicas. Las asociaciones que defienden los derechos de las prostitutas criticaban estas medidas porque dijeron que algunos empresarios se aprovechaban e imponían las pruebas, en lugar de promocionar el derecho de acceder libremente a ellas.

La Generlitat eliminó una exigencia que en realidad no le significaba ni tiempo ni recursos, porque quienes debían preocuparse de proveer los médicos y de llevar a las chicas a realizarse las pruebas, eran los mismos dueños.