“La política de esterilizaciones forzadas nos debe avergonzar”. Esas fueron las palabras del Presidente de Perú, Ollanta Humala ante la creación de un registro de víctimas de estas prácticas que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El gobierno de Perú dispuso la creación de un registro nacional de víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996-2001, según un decreto supremo difundido el viernes pasado, para colaborar en la búsqueda de justicia.

Estos tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva se realizaron principalmente en regiones con niveles de pobreza elevados y en sectores de población indígena.

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Según informa la BBC, la comisión del Congreso peruano, que en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica, concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Fujimori.

Ante la seguidilla de denuncias y las evidencias de que este tratamiento fue ejercido a la fuerza a miles de mujeres vulnerables, el mandatario peruano enfatizó que la creación de este registro ayuda a entregar justicia a las víctimas:

Nunca más en el Perú podemos establecer una política de lucha contra la pobreza, atentando contra el derecho de reproducción que tienen las familias pobres.

El drama del engaño

Según cuenta el medio BBC, a Rute Zúñiga la amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento.

En la provincia de Anta, en Cusco, Perú, las autoridades locales la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no acudía primero al centro de salud. Fue en ese lugar cuando le ligaron las trompas:

Unas enfermeras fueron a mi casa a recogerme y me llevaron en una ambulancia. En ese cuarto yo les dije que quería ir al baño para escaparme, pero nos vigilaban. Nos pusieron un candado para que no escaparamos. Me quitaron a mi hija. Las mujeres tenían miedo y lloraban.

Así como Rute, muchas mujeres sufrieron engaños, tratamientos de anticoncepción a la fuerza, abortos e incluso muchas murieron en estos procedimientos.

Amnistía Internacional, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (Cladem), el Congreso peruano y los medios de comunicación enumeraron los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas:

Chantaje a las madres

Quienes recién daban a luz, las chantajeaban con no inscribir a sus hijos en el registro civil.  Además, recibían amenazas con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no aceptaban ser esterilizadas.

Presión psicológica

Se les advertía la ” irresponsabilidad” o “inestabilidad económica” de los maridos para que las mujeres optaran por la anticoncepción quirúrgica.

Visitas de enfermeras y recorridos de ambulancias

La enfermeras visitaban todas las casas y amenazaban con “volver con la Policía” si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud. Además, las ambulancias recorrían las calles para recoger a mujeres.

Campañas de paternidad responsable

Se realizaban diversos festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción era la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar.

Incentivos económicos a los maridos

Se les pagaban incentivos económicos a los maridos para firmar una autorización para que la mujer fuese sometida a una esterilización “voluntaria”.

Alimentos y medicamentos gratis

Se ofrecían alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.

Uso de la fuerza física

Se llevaban a las mujeres a la fuerza a los centros de salud para realizar la ligadura de trompas.