México presenta su Informe Sombra para el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) en la sede oficial de la ONU en Nueva York. Y dieciocho organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), alertan sobre las brechas de género que aún prevalecen en el país.
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Las mujeres mexicanas se enfrentan a grandes obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva así como graves problemas de violencia y equidad ante la justicia. Human Rights Watch señala que después de una violación, las mujeres en México tienen dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva. En muchos estados, el aborto sigue siendo considerado un crimen y las mujeres son perseguidas si recurren a él.
Aunque la ley contempla algunas excepciones, se conocen varios casos en que las jóvenes no han podido ejercer ese derecho. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) indica la falta de cumplimiento del Estado con respecto a la eliminación de la discriminación en el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva.
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Según GIRE, los legisladores mexicanos constantemente presentan iniciativas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres, como dotar al embrión de personalidad jurídica o desincentivar el uso del condón.
Por ausencia de una política de salud reproductiva para mujeres privadas de su libertad, solo el 25% de las más de 10 mil mujeres que se encuentran presas en el país está en espacios destinados exclusivamente para población femenina, exponiendo al resto de las prisioneras al abuso sexual, prostitución o trata de personas.
Con respecto a la violencia, Amnistía Internacional destaca que pese a los avances legislativos e institucionales para combatir la discriminación de la mujer en el país, los feminicidios han aumentado en los últimos 3 años.